Este cuadro muestra el porcentaje de las respuestas que tienen las personas frente a la violación de los derechos humanos.
A continuación, ciertos ítems que hablan de cómo debemos actuar para evitar estos casos en los cuales se violan nuestros derechos.
LA VERDAD
La cuestión de la verdad reviste una doble importancia, la verdad es en principio un imperativo ético, un posicionamiento: debemos conocer la verdad de lo ocurrido, debemos investigar para llegar a esta verdad, debemos difundirla y ponerla en conocimiento de todos. Esto podríamos llamarlo la ética de la verdad.
También la verdad es una necesidad del aparato psíquico. Este necesita para poder funcionar información, y si esta información no es verdadera hace síntoma. Es muy común en la clínica observar trastornos de conducta en chicos adoptados que ignoran esta situación. El problema, obviamente, no es la adopción, el problema es el ocultamiento. En algún lugar aparece el síntoma que denuncia el ocultamiento. Algo similar sucede a nivel social. Quede claro que no estamos planteando que la verdad resuelve, pero sin la verdad no se resuelve.
Además sabemos que el psiquismo tiende a rellenar aquellos espacios vacíos de información necesaria. Y se tiende a llenar con fantasías terroríficas. Tal vez lo menos tolerado por el psiquismo sea la incertidumbre, y la falta de información produce incertidumbre (cuando hablamos de información hablamos de verdad, puesto que la información falsa no es en rigor información). Así como el psiquismo necesita para su funcionamiento de espacios abiertos, de la posibilidad de dudar y de formularse interrogantes, también necesita de algunas certezas, de ciertos puntos de verdad desde los cuales se estructura y se apoya su funcionamiento.
Es entonces indispensable para el procesamiento psicosocial de estas situaciones el conocimiento de la verdad. Este conocimiento debe darse en forma apropiada, de modo tal que pueda ser aprendido. Nosotros pasamos por la experiencia que algunos llamaron “el show del horror”, esto consistía en la exposición en los medios de lo mas macabro de la represión: descripciones de torturas, fotos de fosas comunes y osamentas y cosas por el estilo. Si bien todo esto era cierto el problema consistía en que todo era presentado de un modo brutal y descontextualizado, no se hablaba de quienes eran esas personas, de porque habían sido asesinadas, de cuales eran sus ideales o sus familias o sus historias personales. El efecto que esto provocaba era el de no querer enterarse, el de dar vuelta la cara, es el efecto que en general produce el horror.
La verdad es un primer paso que necesariamente debe ir seguido por la justicia. Arribar a la verdad, crear un consenso social acerca de lo ocurrido, debe continuarse con la justicia a riesgo de convertirse en un gran acto exhibicionista, en una perversidad, en algo que esta alterado en sus fines.
LA LEY Y LA JUSTICIA
Queremos detenernos ahora en el tema de la ley y de su aspecto dinámico: la justicia. Por supuesto que la justicia comienza con el develamiento de la verdad. Pero no puede quedarse solo ahí. Desde un punto de vista psicoanalitico la primera ley es la prohibición del incesto. Es el paso necesario para que devengamos seres humanos y para que nos organicemos socialmente. Podríamos decir que antes de esta ley éramos monos o protohombres que integrábamos una horda, luego de esta somos hombres que conformamos sociedades.
La prohibición del incesto tiene la particularidad de recaer sobre todos los hermanos que han cometido el parricidio, es en este sentido universal, afecta a todos los miembros de ese universo. Esto es muy importante porque si exceptuara a algunos no sería una ley, si no un sistema de prebendas que dejaría las puertas abiertas no solo a nuevos conflictos sino también a impulsos retaleativos.
En nuestro país leyes como las de “obediencia debida” no responden a este modelo de universalidad, dado que exceptúan del bíblico “no matarás”, fundante de las sociedades modernas, a algunas personas. Vale decir que funcionamos durante muchos anos con una “doble legalidad”, para la mayoría de las personas regía el “no mataras”, pero para los genocidas no, porque la gran mayoría de ellos quedaba impune. Esto tuvo plena vigencia hasta hace muy poco tiempo en que el actual gobierno anuló, como ya se dijo, las leyes de la impunidad.
La ley es un organizador social, que garantiza un lugar de terceridad, no encarnado por ningún sujeto, pero compartido y sostenido por el conjunto. El efecto que produce es el de cohesionar al conjunto social (suele decirse “todos somos iguales ante la ley”), y también el de regular los intercambios. La ausencia de esta favorece la disgregación social y coloca a los intercambios entre los sujetos fuera de toda regulación y en consecuencia consagra el predominio del más fuerte. En pocas palabras, la ausencia de ley es la ley de la selva.
Un aspecto sobresaliente de la ley y de su aplicación práctica que es la justicia es el castigo. La punición opera como un reparador social, ya que inscribe en el registro histórico-social la existencia del delito y la responsabilidad sobre el mismo de los autores. Es un reconocimiento del conjunto social a través del Estado al daño sufrido por las víctimas. Es un reparador simbólico dado que si bien no borra el daño, lo reconoce dándole un lugar social al sufrimiento.
Este reconocimiento es de gran importancia para la elaboración individual y colectiva de los traumas y las pérdidas. La falta de justicia efectiva es un obstáculo para esta elaboración a la vez que una nueva agresión. Podemos decir que de la vigencia de la ley y la justicia se deriva un modelo vincular donde la terceridad esta presente, donde los sujetos saben qué y cómo intercambiar, donde está claro que es lo permitido y que es lo prohibido y donde, finalmente, cada sujeto sabe a que atenerse.
La suspensión del “no matarás”, la ausencia de castigo, la impunidad, responde a un modelo que remite a la omnipotencia infantil: todo se puede, no hay límites. El otro no es reconocido ni respetado en su alteridad, los intercambios están signados por la voluntad del más fuerte. Sin lugar a dudas que de este modelo se desprenden numerosas conductas sociales.
Así como decíamos que la verdad era el primer paso de la justicia, el castigo es el último. No hay justicia sin verdad, pero tampoco la hay sin punición. Podrá discutirse cuál es el castigo adecuado, pero no la necesidad del mismo, tanto como imperativo categórico como reparador psicosocial, y finalmente como instructivo para las nuevas generaciones.
LA IMPUNIDAD
En nuestro país la impunidad de la que gozaron la gran mayoría de los genocidas y también de los autores de delitos económicos ligados al poder, ha provocado y provoca múltiples consecuencias en la subjetividad. La aparición de sentimientos de desprotección e inseguridad, que remiten a primitivas vivencias de desamparo es muy frecuente de observar. Cabe destacar que sobre estos sentimientos legítimos de la población suelen montarse campañas de pedido de “mano dura” enfocadas contra los sectores más desposeídos: jóvenes de clase baja pauperizados, trabajadores desocupados, inmigrantes latinoamericanos. Se llega hasta el punto de reivindicar la “justicia por mano propia”, un verdadero contrasentido, representada en la figura de alguna víctima de un atraco que mata a sus asaltantes, estén estos armados o no. La lógica de la ley de “obediencia debida” que ponía los bienes materiales por sobre la vida humana vuelve a estar presente. En este sentido podemos afirmar que la impunidad genera violencia y más impunidad.
La falta de justicia es una pesada hipoteca para el futuro y sus efectos prácticos y simbólicos se transmiten transgeneracionalmente. En nuestro país cerca de 500 jóvenes continúan en manos de sus apropiadores, en su mayoría militares y policías o personas cercanas a ellos, ignorando su verdadero origen: su historia y su identidad. Esta situación es parte de esa herencia que nos ha dejado la impunidad.
De la impunidad se desprende un modelo omnipotente. Pensamos que muchas conductas que aparecen en nuestra sociedad son convergentes con este modelo, y la juventud no escapa a esto. Sabemos que la adolescencia es un momento de la vida donde se tramita el pasaje de la endogamia a la exogamia, donde se sale definitivamente al afuera, al orden social. El modelo de la impunidad refuerza los aspectos más regresivos de los jóvenes, el desconocimiento de los límites, aun los más básicos como son los del propio cuerpo y el desafío, en muchos casos temerario, de normas y leyes. El “todo se puede” y “el nada se paga” implícitos en la impunidad refuerza los aspectos mas arcaicos de los sujetos.
La aparición, en estos últimos anos, de un incremento en la violencia social, y la aparición de un tipo de delincuencia particularmente violenta, que no guarda directa relación con sus fines, también parecen ser tributarios de este modelo. Desde ya que es también un producto de la profunda crisis económica de nuestro país y de la falta de perspectivas que vive la mayoría de la población. Sin embargo la aparición de una violencia que podríamos llamar psicótica parece responder a modelos conductuales heredados de la dictadura.
Durante los gobiernos constitucionales que siguieron a la dictadura y hasta la actualidad, se ha dado una larga y sostenida batalla entre los sectores que exigían justicia por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas y los sectores que, tras diversos discursos pseudo conciliatorios, pretendían la impunidad para los represores. En pocas palabras la lucha por la justicia continúa tanto en relación a los viejos crímenes de la dictadura militar como a las nuevas formas de represión política y social que se dieron a posteriori.
NUEVAS FORMAS DE REPRESIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
Durante los gobiernos constitucionales y especialmente durante la década del 90 se reprimieron numerosos levantamientos populares localizados, puebladas, motivados por las malas condiciones económicas de la población. Estos episodios eran reprimidos por las policías locales y fundamentalmente por la Gendarmería Nacional, una fuerza militarizada creada originalmente para la custodia de las fronteras y entrenada en los últimos anos para reprimir este tipo de protesta social. En numerosas puebladas el accionar represivo produjo muertos y heridos.
Una nueva forma de represión ha sido la llamada criminalizacion o judicializacion de la protesta social. Esta consiste en tratar a las personas que ejercen su legitimo derecho a peticionar y manifestarse como delincuentes a los que no solo se reprime y encarcela, sino que se les persigue judicialmente iniciándoles un sin fin de causas judiciales con consecuencias para su libertad y también para sus bienes, en caso de tenerlos. Los cargos que se les imputan revisten siempre gravedad ( por ejemplo asociación ilícita, coacción agravada, extorsión, resistencia a la autoridad, etc.) y se trata casi siempre de dirigentes populares en uso de sus derechos ciudadanos. También se registran varios casos de asesinatos selectivos por parte de las fuerzas del estado de dirigentes populares.
Un fenómeno que irrumpió posdictadura y se expandió por todo el país de manera alarmante es el llamado gatillo fácil. Se denomina así a todos los casos de muerte en manos de la policía, ya sea por el accionar negligente de esta o por tratarse de fusilamientos sumarios. En la gran mayoría de los casos los muertos son personas jóvenes de barrios humildes que se encuentran en situaciones habituales de la vida cotidiana, no en situaciones delictivas o sospechosas. Como regla general estos delitos quedan impunes debido a la red de complicidades existentes entre la policía, el poder judicial y el poder político.
Luego de la muerte violenta del sospechoso, viene el armado de la escena para simular que existió tal enfrentamiento y para ello se termina colocando al lado del cuerpo del abatido algún arma que los propios policías llevan consigo. “Es la pena de muerte extrajudicial, no la ordenan explícitamente jueces, ni la propician fiscales ni es objeto de defensas técnicas”, señaló el prestigioso criminólogo Elías Neuman.
También bajo la forma del llamado Estado de Derecho suceden homicidios por torturas y desapariciones forzadas que ingresan en la lista de los gravísimos abusos consumados por las fuerzas de seguridad. A partir de la década del ’90, y debido a la cantidad de casos que se sucedieran en todo el país y en su gran mayoría en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, donde se ubica la fuerza policial más numerosa y cuestionada, se empezaron a autoconvocar familiares de víctimas con el fin de entablar acciones comunes para tratar de forzar al Estado a que revirtiese esta situación sistemática de violencia. Ello se tradujo una toma de conciencia por parte de sectores de la sociedad.
En el trámite judicial, los extensos plazos para resolver cuestiones procesales, la escasa investigación y la condescendencia con la actuación policial por parte de los magistrados, son circunstancias que también influyeron en los familiares a tomar la decisión de agruparse. Siendo concientes a la vez de estar insertos en la categoría de nuevas víctimas, a la hora de la desidia judicial.
En la etapa de esclarecimiento y sanción que le incumbe imponer al Estado, éste continúa violando derechos tan fundamentales como las garantías judiciales, o desoyendo reclamos para que se investigue y penalice la aplicación de torturas o delitos tales como la privación ilegítima de la libertad. Es por ello que la violación a los derechos humanos no se centra sólo en provocar la muerte, ya que en la etapa judicial “la historia” continúa.
Es claro que desde la óptica de los autores son hechos que jamás se van a vincular con la vulneración de derechos, son situaciones que se miden como una forma de justificado ajusticiamiento, un exceso o una simple negligencia dentro de sus habituales tareas laborales.
Asimismo esta máquina de cometer delitos deja un altísimo costo económico para el Estado. Sólo en la provincia de Buenos Aires las demandas civiles por violencia policial tienen un índice relevante debido a que los reclamos entablados por las víctimas y sus familiares llegó al equivalente de 35 millones de dólares estadounidenses. Entre los años 2000 y 2001 se incrementó en un 40 por ciento la cantidad de denuncias.
Una de las tareas principales que encaran los familiares es la difusión de los casos entendida como situación general en sí, denunciando las ejecuciones sistemáticas, contra el silencio que el Estado procura imponer. La resistencia opuesta por los familiares ha hecho trascender estos hechos fuera del país con el propósito de hacer valer los derechos de sus jóvenes víctimas. Así ha sucedido con el caso de Walter Bulacio, que data del año 1991, donde el Estado Argentino resultó denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la lentitud del proceso y la ausencia de investigación para esclarecer su muerte.
Una de las causas que da origen al abuso y gatillo fácil es la corrupción. Hablar de corrupción en las fuerzas del orden lleva a referirse a la corrupción política. Esa conjunción implica tener una policía precarizada, con escasa formación y ligada a la autoría de ilícitos penales contra la vida y la propiedad privada en funcionalidad directa con intereses provenientes del ámbito político.
A principios de 2003, las manifestaciones públicas de un funcionario de alto rango de la provincia de Buenos Aires, experto en seguridad, puso en evidencia el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución. En la actualidad a todo ello se ha sumado el negocio de los secuestros extorsivos.
La dictadura militar también dejó su rastro en la fuerza policial. La Bonaerense y la Federal fueron comandadas por jerarcas del ejército. Sus resabios están presentes en lo estructural, en la legislación que las reglamenta y en prácticas que realizan, como el uso de la picana eléctrica o el conocido “submarino seco” (asfixia) aplicados como métodos de tormentos en algunas comisarías.
El alto grado de impunidad y violencia institucional puede concatenar trágicamente dos hechos en un mismo familiar y en períodos diferentes del Estado: dictadura abierta y democracia condicionada. En 1977, el esposo de una de las activas militantes de familiares de víctimas de gatillo fácil fue detenido-desaparecido por la dictadura militar, su hijo solo tenia seis meses de vida cuando desapareció su padre. En 1991, luego de haber permanecido cinco días en agonía, tras haber recibido el disparo de un agente de la Policía Bonaerense cuando éste perseguía a unos supuestos delincuentes, fallece el hijo.
Otro hecho que viene al caso citar aquí y que implicó un punto de inflexión en la política nacional, es el caso Kosteki-Santillán, dos jóvenes ejecutados por la Bonaerense en la violenta represión desatada contra el movimiento piquetero en junio de 2002, en medio de una agitada situación económica y social por la que atravesaba el país. Este sangriento episodio dio lugar, a que el presidente Duhalde saliera anticipadamente del gobierno, tomando la decisión de adelantar las elecciones presidenciales y la entrega del poder.
Un caso que marcó un antes y un después ocurrió en enero de 1997. Fue la muerte del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado por dos disparos de arma de fuego a su cabeza, sus manos esposadas y su cuerpo calcinado en una cava de la provincia de Buenos Aires, por una banda mixta conformada por civiles y policías como autores materiales. Este horroroso hecho y el repudio que generó en la sociedad, provocó que a los meses se tomara la decisión de intervenir civilmente la fuerza, iniciándose con ello un proceso de reformas estructurales policial y judicial que en un par de años quedaría trunco, como consecuencia de contrapuestos intereses políticos.
En la actualidad se ha resuelto continuar con ese plan de depuración sobre la fuerza más cuestionada. El auge que tomaron los secuestros extorsivos en los últimos años ha tenido en vilo a buena parte de la sociedad, dejando al descubierto la connivencia entre agentes policiales y bandas dedicadas a cometer éste y otro tipo de delitos.
Un capítulo especialmente injusto, por sus raíces históricas y sus connotaciones culturales, es la represión a los pueblos originarios, que viven enajenados de sus tierras y condenados a la miseria rural o a la disgregación y transculturación en las ciudades.
La tortura continúa siendo sistemática y se aplica tanto en dependencias policiales como del servicio penitenciario incluso en institutos de menores. Del mismo modo el hacinamiento y olas condiciones inhumanas de detención de los presos comunes son la regla en nuestro país en la actualidad.
Como ya dijéramos a partir de la asunción del nuevo gobierno, hace aproximadamente un año, ha cambiado notablemente la situación de los Derechos Humanos en el país y muchos de los puntos señalados con anterioridad se han revertido al menos de manera parcial, en especial en lo referente a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la ultima dictadura militar.
Además de la represión política y social y la impunidad el Estado ejerce violencia toda vez que viola los Derechos Humanos básicos: trabajo, salud, educación, vivienda. También cuando con suma frecuencia se encuentran elementos de las fuerzas de seguridad participando en delitos, en la actualidad existe una ola de secuestros extorsivos, en casi todos ellos se registra la participación delictiva de personal policial.
Durante la década del 90 se dio en nuestro país un proceso generalizado de privatizaciones de empresas estatales. Este proceso favoreció grandes negociados desde el poder. Del mismo modo, la década del 90 se caracterizó por la corrupción generalizada en los distintos estamentos del poder.
LA FORMACION EN DERECHOS HUMANOS
La enseñanza de los Derechos Humanos se ha ido incorporando de manera progresiva a la educación en nuestro país. Actualmente se ha sumado esta temática en la educación secundaria, terciaria, universitaria y en los posgrados. En el ámbito de los colegios secundarios se ha incorporado el estudio de los Derechos Humanos curricularmente y a través de clases y actividades especiales. Es frecuente que se conmemore la llamada “Noche de los lápices”, un episodio represivo de la dictadura militar en el que varios estudiantes secundarios fueron secuestrados y asesinados por reclamar el boleto estudiantil, con la proyección de la película homónima y otras actividades especiales organizadas por los colegios y los centros de estudiantes.
En el ámbito universitario se han creado con el correr de los años numerosas cátedras de Derechos Humanos en diversas facultades (psicología, medicina, ciencias sociales, filosofía, periodismo y ciencias económicas, entre otras). En algunos casos estas cátedras son “libres” (extracurriculares) y en otros la materia dictada forma parte de la curricula. También la temática forma parte de algunos cursos de posgrado y maestrías.
En el ámbito profesional la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APsA), dicto, a través del capitulo correspondiente, un seminario anual sobre esta temática y afines durante el ano 2003.
Por su parte el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) dicta desde hace siete años el seminario curricular “Situaciones traumáticas de origen social. Su incidencia en la subjetividad” en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Plata, carrera de Psicología, que articula los campos de los Derechos Humanos y la Salud Mental. También participa de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la primera experiencia que se realiza en el país de una cátedra de Derechos Humanos en una facultad de medicina.
El EATIP también ha participado en el dictado de seminarios en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua) y en el estado de Chiapas en México. Es permanente nuestra tarea de difusión y discusión de estas temáticas en universidades, asociaciones profesionales, organizaciones sociales y estudiantiles, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y sociedades científicas.
ALGUNOS CRITERIOS Y CONTENIDOS BÁSICOS
Durante el curso de nuestras actividades hemos elaborado algunos criterios básicos que se desprenden de nuestra práctica clínica. En primer lugar queremos señalar que no consideramos el abordaje de estas situaciones como una especialidad médica o psicológica, sino como una especificidad. En este sentido consideramos que cualquier profesional de la salud, y en especial los dedicados al campo psi, deben tener conocimiento de los criterios y contenidos básicos para el abordaje de personas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos.
Nuestra experiencia nos ha demostrado largamente que la confiabilidad de nuestros asistidos es un requisito indispensable para los tratamientos. Estas personas han sido estafadas en su confianza ya que el Estado, quien debía velar por su seguridad y ofrecerles protección, se transformó en el agresor.
La confianza se apoya en el posicionamiento público del equipo asistencial. En este sentido discutimos el criterio, ya clásico en psicoanálisis, de neutralidad valorativa. Tomamos partido ante la realidad y hacemos pública esta posición. Al mismo tiempo pensamos que la idea de neutralidad es un imposible idealista, toda vez que los terapeutas evidencian su ideología, lo sepan o no, en sus intervenciones.
Consideramos que se puede trabajar con variados encuadres pero que este debe ser siempre estable, respetuoso y continente. La estabilidad y el respeto hacen a la continencia. Muchos de nuestros encuadres se adaptan a la actividad que el grupo u organización asistida realiza, ya que una premisa nuestra es ir “al lugar de los hechos”. Este puede ser la sede de un organismo de Derechos Humanos, la carpa de protesta que alzan los inundados en una plaza pública o la cárcel donde las personas se encuentran detenidas.
Dado el alto monto de sufrimiento que estas situaciones provocan, las cargas transferenciales suelen ser masivas e intensas. Por esta razón proponemos, siempre que sea posible, la coterapia para los abordajes grupales. También es fundamental el trabajo en equipo, ya que este ofrece un espacio de elaboración colectiva de las tensiones y problemas que a diario nos plantea la clínica de lo psicosocial. Al mismo tiempo se constituye en un lugar de análisis de cómo lo social incide en la subjetividad y en los tratamientos.
Señalaremos ahora algunos contenidos básicos que deben estar presentes en la formación del profesional.
Es indispensable el conocimiento y la comprensión del marco histórico que precede y rodea los hechos, el análisis de los fenómenos macrocontextuales y de las permanentes campañas de inducción psicológica, en síntesis, del discurso social dominante. Es parte esencial de nuestra tarea apuntar a que los sujetos puedan discriminarse del discurso social hegemónico. Es esta una práctica siempre liberadora y subjetivante.
La evaluación de las diferentes respuestas sociales que el movimiento social va produciendo. La respuesta social presenta en si misma un aspecto terapéutico y en consecuencia puede ser considerada como un recurso de salud. Consideramos que las distintas prácticas sociales tienen un efecto instituyente en el cuerpo social. Este efecto favorece la salida del discurso alienatorio y reinstala el principio de realidad.
Las prácticas sociales colaboran con la construcción de nuevas representaciones sociales contrahegemonicas e instalan una nueva discursividad, al tiempo que redefinen modelos e ideales colectivos, expresan una recuperación de la potencia individual y colectiva frente a la opción omnipotencia-impotencia.
Es en el discurrir de la práctica social que se recompone el entramado social y se tejen nuevos lazos solidarios. La práctica social supone una posición activa del sujeto que ayuda a la elaboración de las pérdidas (trabajo de duelo), evita la victimización y preserva la autoestima.
Amplia las capacidades yoicas: de análisis, de síntesis y de anticipación. Permite dirigir la agresión hacia el objeto adecuado. El colectivo o grupo que lleva adelante la práctica social funciona como apoyatura y sostén del psiquismo individual.
En cuanto a los contenidos específicos están presentes las conceptualizaciones acerca del trauma y la situación traumática, la elaboración personal y social del mismo, la problemática del duelo, su dimensión pública y privada, los fenómenos de alineación social, el apuntalamiento del psiquismo, la pertenencia social y la identidad psicosocial, la temática de la memoria y la transmisión transgeneracional.
Un especial capítulo merece el rol profesional y el posicionamiento ético e ideológico de los profesionales de la salud, en general y ante situaciones puntuales, por ejemplo, la toma de posición ante médicos que han participado en la tortura.
En cuanto a los dispositivos de abordaje utilizamos tanto el dispositivo bipersonal (psicoterapia individual) como los dispositivos multipersonales (psicoterapia de pareja, de familia, grupal, comunitaria). Consideramos que los grupos de reflexión son un instrumento privilegiado para la asistencia en situación de crisis y emergencias. Del mismo modo, hemos conceptualizado una serie de intervenciones no convencionales (intervenciones psicológicas no sistematizadas) que han sido de utilidad terapéutica especialmente en aquellas personas que por sus características psicológicas o culturales se manifestaban muy resistenciales a los encuadres más tradicionales.
POBLACIÓN ASISTIDA
A lo largo de 25 años hemos asistido a diferentes grupos de afectados por violaciones a los Derechos Humanos:
- Personas que fueron torturadas física y/o psicológicamente y estuvieron en cautiverio en calidad de desaparecidos o como prisioneros reconocidos legalmente durante la dictadura militar.
- Hijos de detenidos desaparecidos.
- Otros familiares de detenidos desaparecidos.
- Familiares de personas que han sido torturadas y/o asesinadas a partir de 1983 por fuerzas policiales y de seguridad.
- Exiliados retornados la país.
- Personas que sufrieron exilio interno (insilio) en condiciones de persecución y amenaza permanente durante la dictadura militar.
- Refugiados y extranjeros que sufrieron tortura en sus países de origen.
- Personas actualmente afectados por hechos de represión política, tortura física y/o psicológica e intimidación, y por diferentes formas de violación de Derechos Humanos.
