jueves, 22 de noviembre de 2007

Mi opinión





Mi opinión es simple, los derechos humanos son la base que se necesita para poder vivir en paz con uno mismo y con el prójimo. Debemos respetarnos no solo por nuestro bien, sino por el de todos los demás. Debemos refleccionar sobre los graves errores del pasado, debemos aprender, pero también debemos compartir nuestro aprendizaje con el resto, debemos cuidar lo nuestro pero más lo de los otros. No solo debemos respetar las leyes por miedo a la cárcel, sino por la sola idea de que las leyes estan hechas y se deben respetar para el bien de todos. El pasado es irreversible, pero el futuro lo podemos cambiar, para eso no solo se debe hablar sino que se debe dar el ejemplo a seguir de lo que es correcto y lo que no. Se debe ser sincero, sin ocultar. Se debe respetar al prójimo, para poder respetarse a uno mismo. Pero no solo hay que hacerlo porque es lo adecuado sino porque realizar lo correcto nos da la satisfacción de saber que hacemos lo mejor para todos, lo que nos deja vivir en paz y armonía, sin rencores, sin odios. Los derechos humanos los tenemos que respetar para asi conseguir un mundo mejor en el que prosperen los "buenos" (por decirlo de alguna manera) y los inteligentes que sepan organizar nuestro mundo para vivir con justicia. Hay que educar a los niños que son nuestro futuro, empezando por enseñarles que el otro es igual a uno, que nada los diferencia y que hay que respetarlo siempre y no dejar de hacerlo por ninguna razón o circunstancia. La mentalidad de los adultos ya no se puede cambiar, pero estamos a tiempo de cambiar la de los niños, y hay que hacerlo de esta forma, brindandoles educación, información, opiniones, diciendoles la verdad absoluta y sobre todo dejandolos expresarse libremente, de forma que puedan crecer libres y asi mejorar nuestro mundo.
RESPETOMOS NUESTROS DERECHOS, ¡RESPETEMOSNOS!

Macarena A. López 1r0 4ta

El lenguaje: fuente de discriminación educativa





Hace algunos años Ingrid Jung (citada por López 1997: 49) comentaba que si se comienza una exposición describiendo la situación de las lenguas aborígenes y sus hablantes en países que se consideran monolingües, es presentar la situación como un problema, por lo que sugería comenzar más bien a describir la incapacidad del sistema educativo para responder a las necesidades específicas de aquellas poblaciones que no forman parte de la cultura dominante. De esta forma los agentes vulnerables no serán considerados culpables sino que se remarcará la falta de responsabilidad del estado en la concepción democrática de las planificaciones.
Partamos entonces de que el estado argentino reconoce la existencia de minorías étnicas a través de la Constitución Nacional pero además reconoce el derecho de esas comunidades a preservar sus pautas culturales tal como lo establece la Ley Federal de Educación. Sin embargo las acciones concretas del estado sólo han consistido en llevar a cabo políticas compensatorias destinadas a poblaciones en riesgo –incluyendo en ellas a las aborígenes-, porque tal vez lo diferente es un riesgo para la homogeneización tan buscada.
“Estos ‘usos de la diversidad’ no pueden ser antecedentes de lo que entendemos por educación intercultural. No son más que modos actualizados de colonización pedagógica que se amparan en el paradigma educativo de la diversidad para soslayar los problemas de fondo” (Díaz y Rodríguez de Anca 2004).
Si libramos de esta tarea al estado nacional y analizamos el comportamiento de los estados provinciales, las acciones no son más favorables. Tomemos como ejemplo el caso de Santiago del Estero, la provincia argentina con mayor número de hablantes de lengua quechua. Las autoridades provinciales no tienen ningún cargo de conciencia en interferir en la transmisión intergeneracional de la lengua e imponer el español como única lengua de alfabetización, sin ceder ningún espacio a la enseñanza de la lengua vernácula.
Cuando hablamos de inclusión en el sistema educativo no sólo nos referimos a la inserción de la enseñanza de la lengua, sino también al aprovechamiento de los saberes culturales previos que tienen incorporados los niños antes de su ingreso al sistema educativo. Saberes milenarios que han sido trasmitidos de generación en generación y que no son tenidos en cuenta en el aula. Antes bien, se prioriza la enseñanza de los valores occidentales.
Pero además hay otra inclusión necesaria en los lugares de decisiones (llámese Ministerios o universidades): la de quienes tienen una mirada diferente. Con esto queremos decir que no sólo quienes hablan una lengua minoritaria son discriminados, sino también, en algunos casos, quienes se dedican al estudio e investigación de dichas lenguas; será porque no tienen una mirada subordinada a la actitud homogeneizadora de la educación estatal. Esta última forma de discriminación tiene varios matices: desde la ausencia de un ámbito específico en la mayoría de los Ministerios de Educación provinciales, destinados a la planificación de la enseñanza de las lenguas aborígenes, hasta la negativa para que el estudio de una lengua aborigen constituya una asignatura del currículo formal de las carreras de letras, como ocurre en las Universidades de las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero (Albarracín y Alderetes 2005: 121-122). Una prueba más de la pedagogía homogeneizadora enquistada en el imaginario colonizador de la sociedad dominante.
Comienza entonces una cadena de consecuencias, todas ellas negativas para las culturas dominadas.
Los formadores de docentes diseñan perfiles para ocultar la diversidad o en algunos casos promueven la asimilación fagocitada de lo diferente. En consecuencia los docentes formados bajo estas pautas no pueden responder adecuadamente a las necesidades que demanda la existencia de una multiplicidad lingüístico-cultural que caracteriza a un espacio áulico actual.
Cuando decimos multiplicidad no sólo nos referimos a que hay niños que hablan un idioma que no es el oficial, sino también a que la mayoría de la población habla un español que no es el estándar. Variedad esta última que se privilegia en universidades e institutos de formación docente, sin que haya una mínima referencia a las influencias que ejercen las lenguas aborígenes sobre las diferentes variedades del español regional hablado en Argentina. Según Luís E. López (1997: 58): “Es más fácil y eficiente aprender a hablar y escribir en el idioma que uno mejor conoce y más usa en la comunicación cotidiana, si lo que se busca es el logro de una lectura comprensiva y de una escritura creativa”.
“En general cuando hablamos de diversidad cultural inmediatamente se hace referencia a los grupos étnicos indígenas, motivo por lo cual escuchamos a menudo a docentes expresar: “En mi escuela no hay problemas de interculturalidad”. En segundo lugar, algunos autores reconocen grupos subculturales que comparten aspectos de la cultura con la sociedad global pero que, a su vez tienen otros valores que los caracterizan y diferencian tales como el hecho de constituir grupos urbano-marginales o rurales u otros” (Perlo 2000:37).
Por supuesto que no sólo se trata de cambiar contenidos o agentes de enseñanza, sino también es necesaria una transformación en la concepción que se tiene de la interrelación entre culturas. La cultura minoritaria, no puede ser vista como un aspecto folklórico y pintoresco de la sociedad, sino que es parte de una construcción permanente y activa de la identidad colectiva. (Alderetes y Albarracín 2004: 90-91). Dinámica que sólo el pleno ejercicio de la democracia permite que se genere.


El lenguaje: espacio para el silencio

Las situaciones que pueden presentarse a lo largo de la geografía de Argentina, como así también de toda América del Sur, comprenden a personas monolingües en lengua aborigen, bilingües de español y una lengua aborigen o monolingües en español pero que utilizan una variedad que no es la estándar. Como dice Jesús Tusón (1997: 90) “Lo que se suele llamar estándar o bien es un dialecto magnificado por la administración, la escuela y los medios de comunicación; o bien no es sino una variedad social que casi siempre se ha edificado sobre las bases de un dialecto prestigiado por causas que nada tienen que ver con los hechos lingüísticos”.
En nuestro caso personal, procedemos del Norte de Argentina, una región en donde el español ha estado en contacto durante siglos con el quechua, dando lugar a complejos procesos de transferencia. En algunas provincias el quechua se extinguió hacia principios del siglo XX y en otras aún pervive. Sin embargo como diría Luís E. López (1997: 67): “Por nuestra acendrada tradición homogeneizadora, a menudo oponemos una situación monolingüe a otra bilingüe, olvidándonos de todas las gamas de bilingüismo que es posible encontrar al interior del continuo”.
“Saber hablar bien” según la ideología dominante significa poder expresarse en un lenguaje desprovisto de regionalismos o de marcas que denuncien desarraigos o que enuncien una relación de dominación permanente o la pertenencia a un grupo social determinado.
Frases tales como: “Los chicos emplean un vocabulario pobre”, “Si no saben hablar español cómo querés que aprendan francés” o “Estos escriben como hablan” son síntomas de una pedagogía autoritaria con un matiz ideológico normativista y disciplinador que niega a los alumnos su derecho a expresarse con el lenguaje que progresivamente han aprendido desde temprana edad y con el cual se sienten identificados. La práctica escolar exige entonces el abandono de la memoria e historia de cada grupo particular hasta lograr que el niño llegue a silenciarlas para manifestarse en un dialecto escolar. La consecuencia es que la supervivencia de la lengua y cultura de los grupos minoritarios no es respetada ni mucho menos garantizada por el sistema educativo.
“La idea de impedir que las variedades lleguen a constituirse como lenguas autónomas y distintas de la variedad estándar vale lo mismo, en las situaciones de dominio y sometimiento, que negar a las comunidades que las hablan su derecho a ver reconocida su variedad como un instrumento de comunicación y de cultura situado a estos efectos al mismo nivel que la variedad estándar”. (Moreno Cabrera 2000: 60)
Pretender el mantenimiento de la unidad de la lengua dominante, en todos los espacios geográficos, es negarle a las variedades regionales la existencia de procesos históricos y sociales propios, que naturalmente han acompañado su desarrollo. Es imponer un modelo vertical de dominación. Es negar un espacio de poder lingüístico y cultural. Es desconocer el patrimonio cultural de una comunidad. (Albarracín y Alderetes 2004: 4)
La permanente corrección, sobre todo en el ámbito escolar, produce en el emisor la sensación de que su forma de hablar no es válida; muchas veces, un relato es interrumpido para corregir, y daría la impresión de que no interesa tanto lo que el interlocutor dice sino cómo lo dice. Será por eso que muchos prefieren no decir. No es aventurado afirmar que el fracaso escolar o la deserción tienen mucho que ver con el hecho de que el bagaje cultural que trae el alumno, no se considera significativo.
Godenzzi (1997: 12) se pregunta: “¿Qué castellano enseñar en la escuela?” A lo que él mismo responde: “Se enseñará ciertamente una norma estándar, particularmente en lo que atañe a la lectura y producción del texto escrito, pero eso no significará condenar o abolir otras normas regionales o coloquiales sobre todo en el plano oral. Todas esas modalidades son legítimas; lo diferente son sus usos y contextos. Así como un individuo puede hablar más de una lengua, así también es posible manejar más de una variedad de lengua”.

Conclusiones

El trabajo de deconstruir y construir de nuevo una pedagogía más integradora, en el campo lingüístico es titánico. Sin embargo hay pasos mínimos que se pueden dar y tiene que ver con deponer las actitudes racistas del lenguaje. Que un niño hable otra lengua no es un problema, es una realidad que nos debe desafiar para evitar nuevas fragmentaciones en lo social; que un niño se exprese en una variedad diferente a la estándar no es signo de ‘incultura’ sino que evidencia una representación de la realidad desde la exclusión y la marginación.
Quizás logremos entender que lo importante es la integración de todos los actores para configurar un nosotros, con nuestras particularidades, y en lugar de una batalla diaria contra las diferencias, permitir que éstas emerjan cotidianamente.

Los derechos humanos y la sociedad



Este cuadro muestra el porcentaje de las respuestas que tienen las personas frente a la violación de los derechos humanos.
A continuación, ciertos ítems que hablan de cómo debemos actuar para evitar estos casos en los cuales se violan nuestros derechos.


LA VERDAD

La cuestión de la verdad reviste una doble importancia, la verdad es en principio un imperativo ético, un posicionamiento: debemos conocer la verdad de lo ocurrido, debemos investigar para llegar a esta verdad, debemos difundirla y ponerla en conocimiento de todos. Esto podríamos llamarlo la ética de la verdad.
También la verdad es una necesidad del aparato psíquico. Este necesita para poder funcionar información, y si esta información no es verdadera hace síntoma. Es muy común en la clínica observar trastornos de conducta en chicos adoptados que ignoran esta situación. El problema, obviamente, no es la adopción, el problema es el ocultamiento. En algún lugar aparece el síntoma que denuncia el ocultamiento. Algo similar sucede a nivel social. Quede claro que no estamos planteando que la verdad resuelve, pero sin la verdad no se resuelve.
Además sabemos que el psiquismo tiende a rellenar aquellos espacios vacíos de información necesaria. Y se tiende a llenar con fantasías terroríficas. Tal vez lo menos tolerado por el psiquismo sea la incertidumbre, y la falta de información produce incertidumbre (cuando hablamos de información hablamos de verdad, puesto que la información falsa no es en rigor información). Así como el psiquismo necesita para su funcionamiento de espacios abiertos, de la posibilidad de dudar y de formularse interrogantes, también necesita de algunas certezas, de ciertos puntos de verdad desde los cuales se estructura y se apoya su funcionamiento.

Es entonces indispensable para el procesamiento psicosocial de estas situaciones el conocimiento de la verdad. Este conocimiento debe darse en forma apropiada, de modo tal que pueda ser aprendido. Nosotros pasamos por la experiencia que algunos llamaron “el show del horror”, esto consistía en la exposición en los medios de lo mas macabro de la represión: descripciones de torturas, fotos de fosas comunes y osamentas y cosas por el estilo. Si bien todo esto era cierto el problema consistía en que todo era presentado de un modo brutal y descontextualizado, no se hablaba de quienes eran esas personas, de porque habían sido asesinadas, de cuales eran sus ideales o sus familias o sus historias personales. El efecto que esto provocaba era el de no querer enterarse, el de dar vuelta la cara, es el efecto que en general produce el horror.

La verdad es un primer paso que necesariamente debe ir seguido por la justicia. Arribar a la verdad, crear un consenso social acerca de lo ocurrido, debe continuarse con la justicia a riesgo de convertirse en un gran acto exhibicionista, en una perversidad, en algo que esta alterado en sus fines.

LA LEY Y LA JUSTICIA

Queremos detenernos ahora en el tema de la ley y de su aspecto dinámico: la justicia. Por supuesto que la justicia comienza con el develamiento de la verdad. Pero no puede quedarse solo ahí. Desde un punto de vista psicoanalitico la primera ley es la prohibición del incesto. Es el paso necesario para que devengamos seres humanos y para que nos organicemos socialmente. Podríamos decir que antes de esta ley éramos monos o protohombres que integrábamos una horda, luego de esta somos hombres que conformamos sociedades.

La prohibición del incesto tiene la particularidad de recaer sobre todos los hermanos que han cometido el parricidio, es en este sentido universal, afecta a todos los miembros de ese universo. Esto es muy importante porque si exceptuara a algunos no sería una ley, si no un sistema de prebendas que dejaría las puertas abiertas no solo a nuevos conflictos sino también a impulsos retaleativos.

En nuestro país leyes como las de “obediencia debida” no responden a este modelo de universalidad, dado que exceptúan del bíblico “no matarás”, fundante de las sociedades modernas, a algunas personas. Vale decir que funcionamos durante muchos anos con una “doble legalidad”, para la mayoría de las personas regía el “no mataras”, pero para los genocidas no, porque la gran mayoría de ellos quedaba impune. Esto tuvo plena vigencia hasta hace muy poco tiempo en que el actual gobierno anuló, como ya se dijo, las leyes de la impunidad.

La ley es un organizador social, que garantiza un lugar de terceridad, no encarnado por ningún sujeto, pero compartido y sostenido por el conjunto. El efecto que produce es el de cohesionar al conjunto social (suele decirse “todos somos iguales ante la ley”), y también el de regular los intercambios. La ausencia de esta favorece la disgregación social y coloca a los intercambios entre los sujetos fuera de toda regulación y en consecuencia consagra el predominio del más fuerte. En pocas palabras, la ausencia de ley es la ley de la selva.

Un aspecto sobresaliente de la ley y de su aplicación práctica que es la justicia es el castigo. La punición opera como un reparador social, ya que inscribe en el registro histórico-social la existencia del delito y la responsabilidad sobre el mismo de los autores. Es un reconocimiento del conjunto social a través del Estado al daño sufrido por las víctimas. Es un reparador simbólico dado que si bien no borra el daño, lo reconoce dándole un lugar social al sufrimiento.

Este reconocimiento es de gran importancia para la elaboración individual y colectiva de los traumas y las pérdidas. La falta de justicia efectiva es un obstáculo para esta elaboración a la vez que una nueva agresión. Podemos decir que de la vigencia de la ley y la justicia se deriva un modelo vincular donde la terceridad esta presente, donde los sujetos saben qué y cómo intercambiar, donde está claro que es lo permitido y que es lo prohibido y donde, finalmente, cada sujeto sabe a que atenerse.

La suspensión del “no matarás”, la ausencia de castigo, la impunidad, responde a un modelo que remite a la omnipotencia infantil: todo se puede, no hay límites. El otro no es reconocido ni respetado en su alteridad, los intercambios están signados por la voluntad del más fuerte. Sin lugar a dudas que de este modelo se desprenden numerosas conductas sociales.

Así como decíamos que la verdad era el primer paso de la justicia, el castigo es el último. No hay justicia sin verdad, pero tampoco la hay sin punición. Podrá discutirse cuál es el castigo adecuado, pero no la necesidad del mismo, tanto como imperativo categórico como reparador psicosocial, y finalmente como instructivo para las nuevas generaciones.

LA IMPUNIDAD

En nuestro país la impunidad de la que gozaron la gran mayoría de los genocidas y también de los autores de delitos económicos ligados al poder, ha provocado y provoca múltiples consecuencias en la subjetividad. La aparición de sentimientos de desprotección e inseguridad, que remiten a primitivas vivencias de desamparo es muy frecuente de observar. Cabe destacar que sobre estos sentimientos legítimos de la población suelen montarse campañas de pedido de “mano dura” enfocadas contra los sectores más desposeídos: jóvenes de clase baja pauperizados, trabajadores desocupados, inmigrantes latinoamericanos. Se llega hasta el punto de reivindicar la “justicia por mano propia”, un verdadero contrasentido, representada en la figura de alguna víctima de un atraco que mata a sus asaltantes, estén estos armados o no. La lógica de la ley de “obediencia debida” que ponía los bienes materiales por sobre la vida humana vuelve a estar presente. En este sentido podemos afirmar que la impunidad genera violencia y más impunidad.

La falta de justicia es una pesada hipoteca para el futuro y sus efectos prácticos y simbólicos se transmiten transgeneracionalmente. En nuestro país cerca de 500 jóvenes continúan en manos de sus apropiadores, en su mayoría militares y policías o personas cercanas a ellos, ignorando su verdadero origen: su historia y su identidad. Esta situación es parte de esa herencia que nos ha dejado la impunidad.

De la impunidad se desprende un modelo omnipotente. Pensamos que muchas conductas que aparecen en nuestra sociedad son convergentes con este modelo, y la juventud no escapa a esto. Sabemos que la adolescencia es un momento de la vida donde se tramita el pasaje de la endogamia a la exogamia, donde se sale definitivamente al afuera, al orden social. El modelo de la impunidad refuerza los aspectos más regresivos de los jóvenes, el desconocimiento de los límites, aun los más básicos como son los del propio cuerpo y el desafío, en muchos casos temerario, de normas y leyes. El “todo se puede” y “el nada se paga” implícitos en la impunidad refuerza los aspectos mas arcaicos de los sujetos.

La aparición, en estos últimos anos, de un incremento en la violencia social, y la aparición de un tipo de delincuencia particularmente violenta, que no guarda directa relación con sus fines, también parecen ser tributarios de este modelo. Desde ya que es también un producto de la profunda crisis económica de nuestro país y de la falta de perspectivas que vive la mayoría de la población. Sin embargo la aparición de una violencia que podríamos llamar psicótica parece responder a modelos conductuales heredados de la dictadura.

Durante los gobiernos constitucionales que siguieron a la dictadura y hasta la actualidad, se ha dado una larga y sostenida batalla entre los sectores que exigían justicia por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas y los sectores que, tras diversos discursos pseudo conciliatorios, pretendían la impunidad para los represores. En pocas palabras la lucha por la justicia continúa tanto en relación a los viejos crímenes de la dictadura militar como a las nuevas formas de represión política y social que se dieron a posteriori.

NUEVAS FORMAS DE REPRESIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
Durante los gobiernos constitucionales y especialmente durante la década del 90 se reprimieron numerosos levantamientos populares localizados, puebladas, motivados por las malas condiciones económicas de la población. Estos episodios eran reprimidos por las policías locales y fundamentalmente por la Gendarmería Nacional, una fuerza militarizada creada originalmente para la custodia de las fronteras y entrenada en los últimos anos para reprimir este tipo de protesta social. En numerosas puebladas el accionar represivo produjo muertos y heridos.

Una nueva forma de represión ha sido la llamada criminalizacion o judicializacion de la protesta social. Esta consiste en tratar a las personas que ejercen su legitimo derecho a peticionar y manifestarse como delincuentes a los que no solo se reprime y encarcela, sino que se les persigue judicialmente iniciándoles un sin fin de causas judiciales con consecuencias para su libertad y también para sus bienes, en caso de tenerlos. Los cargos que se les imputan revisten siempre gravedad ( por ejemplo asociación ilícita, coacción agravada, extorsión, resistencia a la autoridad, etc.) y se trata casi siempre de dirigentes populares en uso de sus derechos ciudadanos. También se registran varios casos de asesinatos selectivos por parte de las fuerzas del estado de dirigentes populares.

Un fenómeno que irrumpió posdictadura y se expandió por todo el país de manera alarmante es el llamado gatillo fácil. Se denomina así a todos los casos de muerte en manos de la policía, ya sea por el accionar negligente de esta o por tratarse de fusilamientos sumarios. En la gran mayoría de los casos los muertos son personas jóvenes de barrios humildes que se encuentran en situaciones habituales de la vida cotidiana, no en situaciones delictivas o sospechosas. Como regla general estos delitos quedan impunes debido a la red de complicidades existentes entre la policía, el poder judicial y el poder político.

Luego de la muerte violenta del sospechoso, viene el armado de la escena para simular que existió tal enfrentamiento y para ello se termina colocando al lado del cuerpo del abatido algún arma que los propios policías llevan consigo. “Es la pena de muerte extrajudicial, no la ordenan explícitamente jueces, ni la propician fiscales ni es objeto de defensas técnicas”, señaló el prestigioso criminólogo Elías Neuman.

También bajo la forma del llamado Estado de Derecho suceden homicidios por torturas y desapariciones forzadas que ingresan en la lista de los gravísimos abusos consumados por las fuerzas de seguridad. A partir de la década del ’90, y debido a la cantidad de casos que se sucedieran en todo el país y en su gran mayoría en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, donde se ubica la fuerza policial más numerosa y cuestionada, se empezaron a autoconvocar familiares de víctimas con el fin de entablar acciones comunes para tratar de forzar al Estado a que revirtiese esta situación sistemática de violencia. Ello se tradujo una toma de conciencia por parte de sectores de la sociedad.

En el trámite judicial, los extensos plazos para resolver cuestiones procesales, la escasa investigación y la condescendencia con la actuación policial por parte de los magistrados, son circunstancias que también influyeron en los familiares a tomar la decisión de agruparse. Siendo concientes a la vez de estar insertos en la categoría de nuevas víctimas, a la hora de la desidia judicial.

En la etapa de esclarecimiento y sanción que le incumbe imponer al Estado, éste continúa violando derechos tan fundamentales como las garantías judiciales, o desoyendo reclamos para que se investigue y penalice la aplicación de torturas o delitos tales como la privación ilegítima de la libertad. Es por ello que la violación a los derechos humanos no se centra sólo en provocar la muerte, ya que en la etapa judicial “la historia” continúa.

Es claro que desde la óptica de los autores son hechos que jamás se van a vincular con la vulneración de derechos, son situaciones que se miden como una forma de justificado ajusticiamiento, un exceso o una simple negligencia dentro de sus habituales tareas laborales.

Asimismo esta máquina de cometer delitos deja un altísimo costo económico para el Estado. Sólo en la provincia de Buenos Aires las demandas civiles por violencia policial tienen un índice relevante debido a que los reclamos entablados por las víctimas y sus familiares llegó al equivalente de 35 millones de dólares estadounidenses. Entre los años 2000 y 2001 se incrementó en un 40 por ciento la cantidad de denuncias.

Una de las tareas principales que encaran los familiares es la difusión de los casos entendida como situación general en sí, denunciando las ejecuciones sistemáticas, contra el silencio que el Estado procura imponer. La resistencia opuesta por los familiares ha hecho trascender estos hechos fuera del país con el propósito de hacer valer los derechos de sus jóvenes víctimas. Así ha sucedido con el caso de Walter Bulacio, que data del año 1991, donde el Estado Argentino resultó denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la lentitud del proceso y la ausencia de investigación para esclarecer su muerte.

Una de las causas que da origen al abuso y gatillo fácil es la corrupción. Hablar de corrupción en las fuerzas del orden lleva a referirse a la corrupción política. Esa conjunción implica tener una policía precarizada, con escasa formación y ligada a la autoría de ilícitos penales contra la vida y la propiedad privada en funcionalidad directa con intereses provenientes del ámbito político.

A principios de 2003, las manifestaciones públicas de un funcionario de alto rango de la provincia de Buenos Aires, experto en seguridad, puso en evidencia el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución. En la actualidad a todo ello se ha sumado el negocio de los secuestros extorsivos.

La dictadura militar también dejó su rastro en la fuerza policial. La Bonaerense y la Federal fueron comandadas por jerarcas del ejército. Sus resabios están presentes en lo estructural, en la legislación que las reglamenta y en prácticas que realizan, como el uso de la picana eléctrica o el conocido “submarino seco” (asfixia) aplicados como métodos de tormentos en algunas comisarías.

El alto grado de impunidad y violencia institucional puede concatenar trágicamente dos hechos en un mismo familiar y en períodos diferentes del Estado: dictadura abierta y democracia condicionada. En 1977, el esposo de una de las activas militantes de familiares de víctimas de gatillo fácil fue detenido-desaparecido por la dictadura militar, su hijo solo tenia seis meses de vida cuando desapareció su padre. En 1991, luego de haber permanecido cinco días en agonía, tras haber recibido el disparo de un agente de la Policía Bonaerense cuando éste perseguía a unos supuestos delincuentes, fallece el hijo.

Otro hecho que viene al caso citar aquí y que implicó un punto de inflexión en la política nacional, es el caso Kosteki-Santillán, dos jóvenes ejecutados por la Bonaerense en la violenta represión desatada contra el movimiento piquetero en junio de 2002, en medio de una agitada situación económica y social por la que atravesaba el país. Este sangriento episodio dio lugar, a que el presidente Duhalde saliera anticipadamente del gobierno, tomando la decisión de adelantar las elecciones presidenciales y la entrega del poder.

Un caso que marcó un antes y un después ocurrió en enero de 1997. Fue la muerte del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado por dos disparos de arma de fuego a su cabeza, sus manos esposadas y su cuerpo calcinado en una cava de la provincia de Buenos Aires, por una banda mixta conformada por civiles y policías como autores materiales. Este horroroso hecho y el repudio que generó en la sociedad, provocó que a los meses se tomara la decisión de intervenir civilmente la fuerza, iniciándose con ello un proceso de reformas estructurales policial y judicial que en un par de años quedaría trunco, como consecuencia de contrapuestos intereses políticos.

En la actualidad se ha resuelto continuar con ese plan de depuración sobre la fuerza más cuestionada. El auge que tomaron los secuestros extorsivos en los últimos años ha tenido en vilo a buena parte de la sociedad, dejando al descubierto la connivencia entre agentes policiales y bandas dedicadas a cometer éste y otro tipo de delitos.

Un capítulo especialmente injusto, por sus raíces históricas y sus connotaciones culturales, es la represión a los pueblos originarios, que viven enajenados de sus tierras y condenados a la miseria rural o a la disgregación y transculturación en las ciudades.

La tortura continúa siendo sistemática y se aplica tanto en dependencias policiales como del servicio penitenciario incluso en institutos de menores. Del mismo modo el hacinamiento y olas condiciones inhumanas de detención de los presos comunes son la regla en nuestro país en la actualidad.

Como ya dijéramos a partir de la asunción del nuevo gobierno, hace aproximadamente un año, ha cambiado notablemente la situación de los Derechos Humanos en el país y muchos de los puntos señalados con anterioridad se han revertido al menos de manera parcial, en especial en lo referente a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la ultima dictadura militar.

Además de la represión política y social y la impunidad el Estado ejerce violencia toda vez que viola los Derechos Humanos básicos: trabajo, salud, educación, vivienda. También cuando con suma frecuencia se encuentran elementos de las fuerzas de seguridad participando en delitos, en la actualidad existe una ola de secuestros extorsivos, en casi todos ellos se registra la participación delictiva de personal policial.

Durante la década del 90 se dio en nuestro país un proceso generalizado de privatizaciones de empresas estatales. Este proceso favoreció grandes negociados desde el poder. Del mismo modo, la década del 90 se caracterizó por la corrupción generalizada en los distintos estamentos del poder.

LA FORMACION EN DERECHOS HUMANOS
La enseñanza de los Derechos Humanos se ha ido incorporando de manera progresiva a la educación en nuestro país. Actualmente se ha sumado esta temática en la educación secundaria, terciaria, universitaria y en los posgrados. En el ámbito de los colegios secundarios se ha incorporado el estudio de los Derechos Humanos curricularmente y a través de clases y actividades especiales. Es frecuente que se conmemore la llamada “Noche de los lápices”, un episodio represivo de la dictadura militar en el que varios estudiantes secundarios fueron secuestrados y asesinados por reclamar el boleto estudiantil, con la proyección de la película homónima y otras actividades especiales organizadas por los colegios y los centros de estudiantes.

En el ámbito universitario se han creado con el correr de los años numerosas cátedras de Derechos Humanos en diversas facultades (psicología, medicina, ciencias sociales, filosofía, periodismo y ciencias económicas, entre otras). En algunos casos estas cátedras son “libres” (extracurriculares) y en otros la materia dictada forma parte de la curricula. También la temática forma parte de algunos cursos de posgrado y maestrías.

En el ámbito profesional la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APsA), dicto, a través del capitulo correspondiente, un seminario anual sobre esta temática y afines durante el ano 2003.

Por su parte el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) dicta desde hace siete años el seminario curricular “Situaciones traumáticas de origen social. Su incidencia en la subjetividad” en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Plata, carrera de Psicología, que articula los campos de los Derechos Humanos y la Salud Mental. También participa de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la primera experiencia que se realiza en el país de una cátedra de Derechos Humanos en una facultad de medicina.

El EATIP también ha participado en el dictado de seminarios en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua) y en el estado de Chiapas en México. Es permanente nuestra tarea de difusión y discusión de estas temáticas en universidades, asociaciones profesionales, organizaciones sociales y estudiantiles, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y sociedades científicas.

ALGUNOS CRITERIOS Y CONTENIDOS BÁSICOS

Durante el curso de nuestras actividades hemos elaborado algunos criterios básicos que se desprenden de nuestra práctica clínica. En primer lugar queremos señalar que no consideramos el abordaje de estas situaciones como una especialidad médica o psicológica, sino como una especificidad. En este sentido consideramos que cualquier profesional de la salud, y en especial los dedicados al campo psi, deben tener conocimiento de los criterios y contenidos básicos para el abordaje de personas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos.

Nuestra experiencia nos ha demostrado largamente que la confiabilidad de nuestros asistidos es un requisito indispensable para los tratamientos. Estas personas han sido estafadas en su confianza ya que el Estado, quien debía velar por su seguridad y ofrecerles protección, se transformó en el agresor.

La confianza se apoya en el posicionamiento público del equipo asistencial. En este sentido discutimos el criterio, ya clásico en psicoanálisis, de neutralidad valorativa. Tomamos partido ante la realidad y hacemos pública esta posición. Al mismo tiempo pensamos que la idea de neutralidad es un imposible idealista, toda vez que los terapeutas evidencian su ideología, lo sepan o no, en sus intervenciones.

Consideramos que se puede trabajar con variados encuadres pero que este debe ser siempre estable, respetuoso y continente. La estabilidad y el respeto hacen a la continencia. Muchos de nuestros encuadres se adaptan a la actividad que el grupo u organización asistida realiza, ya que una premisa nuestra es ir “al lugar de los hechos”. Este puede ser la sede de un organismo de Derechos Humanos, la carpa de protesta que alzan los inundados en una plaza pública o la cárcel donde las personas se encuentran detenidas.

Dado el alto monto de sufrimiento que estas situaciones provocan, las cargas transferenciales suelen ser masivas e intensas. Por esta razón proponemos, siempre que sea posible, la coterapia para los abordajes grupales. También es fundamental el trabajo en equipo, ya que este ofrece un espacio de elaboración colectiva de las tensiones y problemas que a diario nos plantea la clínica de lo psicosocial. Al mismo tiempo se constituye en un lugar de análisis de cómo lo social incide en la subjetividad y en los tratamientos.

Señalaremos ahora algunos contenidos básicos que deben estar presentes en la formación del profesional.
Es indispensable el conocimiento y la comprensión del marco histórico que precede y rodea los hechos, el análisis de los fenómenos macrocontextuales y de las permanentes campañas de inducción psicológica, en síntesis, del discurso social dominante. Es parte esencial de nuestra tarea apuntar a que los sujetos puedan discriminarse del discurso social hegemónico. Es esta una práctica siempre liberadora y subjetivante.

La evaluación de las diferentes respuestas sociales que el movimiento social va produciendo. La respuesta social presenta en si misma un aspecto terapéutico y en consecuencia puede ser considerada como un recurso de salud. Consideramos que las distintas prácticas sociales tienen un efecto instituyente en el cuerpo social. Este efecto favorece la salida del discurso alienatorio y reinstala el principio de realidad.

Las prácticas sociales colaboran con la construcción de nuevas representaciones sociales contrahegemonicas e instalan una nueva discursividad, al tiempo que redefinen modelos e ideales colectivos, expresan una recuperación de la potencia individual y colectiva frente a la opción omnipotencia-impotencia.

Es en el discurrir de la práctica social que se recompone el entramado social y se tejen nuevos lazos solidarios. La práctica social supone una posición activa del sujeto que ayuda a la elaboración de las pérdidas (trabajo de duelo), evita la victimización y preserva la autoestima.
Amplia las capacidades yoicas: de análisis, de síntesis y de anticipación. Permite dirigir la agresión hacia el objeto adecuado. El colectivo o grupo que lleva adelante la práctica social funciona como apoyatura y sostén del psiquismo individual.

En cuanto a los contenidos específicos están presentes las conceptualizaciones acerca del trauma y la situación traumática, la elaboración personal y social del mismo, la problemática del duelo, su dimensión pública y privada, los fenómenos de alineación social, el apuntalamiento del psiquismo, la pertenencia social y la identidad psicosocial, la temática de la memoria y la transmisión transgeneracional.

Un especial capítulo merece el rol profesional y el posicionamiento ético e ideológico de los profesionales de la salud, en general y ante situaciones puntuales, por ejemplo, la toma de posición ante médicos que han participado en la tortura.

En cuanto a los dispositivos de abordaje utilizamos tanto el dispositivo bipersonal (psicoterapia individual) como los dispositivos multipersonales (psicoterapia de pareja, de familia, grupal, comunitaria). Consideramos que los grupos de reflexión son un instrumento privilegiado para la asistencia en situación de crisis y emergencias. Del mismo modo, hemos conceptualizado una serie de intervenciones no convencionales (intervenciones psicológicas no sistematizadas) que han sido de utilidad terapéutica especialmente en aquellas personas que por sus características psicológicas o culturales se manifestaban muy resistenciales a los encuadres más tradicionales.

POBLACIÓN ASISTIDA

A lo largo de 25 años hemos asistido a diferentes grupos de afectados por violaciones a los Derechos Humanos:
- Personas que fueron torturadas física y/o psicológicamente y estuvieron en cautiverio en calidad de desaparecidos o como prisioneros reconocidos legalmente durante la dictadura militar.
- Hijos de detenidos desaparecidos.
- Otros familiares de detenidos desaparecidos.
- Familiares de personas que han sido torturadas y/o asesinadas a partir de 1983 por fuerzas policiales y de seguridad.
- Exiliados retornados la país.
- Personas que sufrieron exilio interno (insilio) en condiciones de persecución y amenaza permanente durante la dictadura militar.
- Refugiados y extranjeros que sufrieron tortura en sus países de origen.
- Personas actualmente afectados por hechos de represión política, tortura física y/o psicológica e intimidación, y por diferentes formas de violación de Derechos Humanos.

Violación de los derechos humanos en la historia





Dictadura militar 1976-1983

En esta ocación voy a hablar de este suceso ocurrido en nuestro país no hace mucho más que treinta años. El cual tiene mucho que ver con los derechos humanos, ya que en esta ocación no solo que no se cumplió ninguno de los mismos sino que las personas que no lo hicieron es el mismo gobierno que, obviamente, había tomado el poder imponiendo el terrorismo de Estado.
En la presentación mostré algunos de los tantos derechos que, si se presta atención, se puede ver que la mayoría hace incapié en la libertad de los seres humanos en todos sus aspectos, libertad de expresión, de creencias, de pensamiento, etc. También habla de la prohibición de ser arbitraiamente detenido, de que todos tenemos derecho a ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal (art. 10)...etc.
Bueno, en esta época en que ocurrió este suceso todos estos derechos fueron corrompidos totalmente, es decir, no se respeto ninguno de ellos. Por eso es el ejemplo que elegí para mostrar que en nuestra historia hubo un gran período en el cual los derechos no se tuvieron en cuenta hasta para el propio Estado.
Dictadura militar en Argentina
24 de marzo de 1976 - 10 de diciembre de 1983
El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.


Algunas acciones del nuevo gobierno:

Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.


La censura

Comunicado Nº 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976).


Los "subversivos"

El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar).


La guerra sucia

La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.


La represión ilegal

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por López Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación

Obreros.......................................................... 30,0%
Estudiantes...................................................... 21,0%
Empleados........................................................ 17,8%
Profesionales.................................................... 10,7%
Docentes......................................................... 5,7%
Conscriptos y personal subalterno
de las Fuerzas de Seguridad...................................... 2,5 %
Amas de casa..................................................... 3,8%
Autónomos y varios............................................... 5,0%
Periodistas...................................................... 1,6%
Actores y artistas............................................... 1,3%
Religiosos....................................................... 0,3%
(Informe de la Conadep, Nunca Más, Eudeba, 1984)


La tortura

Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.


Los campos de detención

Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero.


Los desaparecidos

Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.


Apropiación de chicos

Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. (Diario "Página 12", 10 de diciembre de 1995)


La noche de los lápices (16/9/76)

La operación conocida como la “Noche de los lápices”, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil.


Madres de Plaza de Mayo

El grupo Madres de Plaza de Mayo nació en 1977, integrado precisamente por madres de desaparecidos, cuya lista engrosaron también algunas de sus fundadoras. Se convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno.


Desindustrialización

La pequeña y mediana empresa fue sacrificada en el altar de la eficiencia, iniciándose un proceso de acelerada desindustralizacion, ante la imposibilidad de competir con productos provenientes del exterior. La aplicación de las recetas neoliberales no resolvió, sino que profundizó los problemas económicos.


Especulación

A comienzos de 1977, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario, denominado "la tablita". Fue un sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la "ley de entidades financieras" de junio de ese año (que liberó el mercado de dinero y dio garantía estatal a los depósitos a plazo fijo), dio comienzo a la especulación o "bicicleta financiera".


La plata dulce

La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo monetario, que era apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales. El funcionario encargado de cumplir el plan económico de los militares fue José Alfredo Martínez de Hoz. Puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos. Dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales fueron desastrosos. Hubo un gran endeudamiento externo, las industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató la inflación.


El conflicto del Beagle

Las cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile estuvieron condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país. Bajo regímenes dictatoriales en ambas naciones, las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. En 1978, luego de que la Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el Beagle alcanzó su punto más álgido. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Samoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984 después de una consulta popular no vinculante, en la que el "sí" al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, La Política Exterior)


El Mundial '78

El triunfo final de la selección argentina en el Mundial de Fútbol ha supuesto que la Junta Militar que dirige el Gral. Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante 25 días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y el título mundial conseguido por su selección los mantendrá oculto por más tiempo aún. (Diario "El País", junio de 1978)


1982: La guerra de las Malvinas

En medio de la crisis política, económica y social del régimen militar, sorpresivamente el 2 de abril de 1982, tropas argentinas recuperaron las islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza de tareas británica llegó al Atlántico sur y comenzaron las hostilidades. Con hitos como el hundimiento del crucero "General Belgrano" -que produjo 322 muertos- y del destructor británico "Sheffield", la guerra concluyó el 14 de junio, con la rendición argentina. La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos. Para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados, la junta militar procedió a reclutar jóvenes argentinos, sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenía de provincias pobres del interior del país. La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes argentinos (más de 600), deterioraron el frente militar, pero sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre.

Espero que esta redacción alcance para entender la situación que se vivía en esos momentos y cómo todos los derechos humanos fueron violados.

miércoles, 21 de noviembre de 2007

Presentación del tema





Derechos humanos

Primero en principal voy a presentar el tema, qe es justamente este: "Los derechos humanos".
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías o fundamentaciones, corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre;

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General proclama la presente:

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Bueno, sabiendo esto, voy a pasar a nombrar algunos derechos, los cuales voy a tratar en todo el trabajo. Viendo sus concecuensias, sus conflictos y, sobre todo, si los mismos se cumplieron en nuestra historia, si se cumplen y si, analizando a la última generación de niños y adolescentes, se cumpliran en el futuro.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, ni autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.


Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.


Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.


Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.


Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.


Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.


Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.


Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.


Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.


Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.


Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.


Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.


Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.


Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.


Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.